“¡Manuela no estás sóla!¡Manuela ya suben los hijos de puta! ¡Manuela no llores!”. A Manuela López y su familia la han dejado en la calle. Ni la Plataforma de Afectados por la hipoteca junto a los miembros del movimiento 15M, que formaban una muralla en la puerta de su casa, lograron evitar que la policia la “echara” de su casa. Manuela, asomada a la ventana del primer piso de la vivienda situada en la calle Carmelo Serrano Martinez de Elche, lanzaba miradas al cielo, buscando de alguna manera una intervención divina que evitara su eminente desahucio, mientras desde la calle, los vecinos lanzaban mensajes de ánimo a la vez que insultaban a la policía.
Una imagen que se ha repetido en la provincia de Alicante en 3.295 ocasiones durante el 2011, lo que supone un ascenso del 208%. Estas cifras sitúan a la provincia en el tercer puesto del ranking por provincias con más desahucios en España, por detrás de Valencia y Barcelona.
Y es que las cifras son para ponerse a temblar, al principios de la crisis, tomando como referencia los datos del primer trimestre del 2008, se tramitaron en la Comunidad Valenciana una media de 12 solicitudes de embargos al día, mientras que la cifra se ha multiplicado por tres respecto a los 43 embargos diarios que se produjeron durante el segundo trimestre del 2011. Desde el 2008, en el que hubo 2.691 desahucios, la cifra aumentó en el primer semestre del 2011 a los 7.321, una escalada que parece imparable.
La receta De Guindos
El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se ha puesto manos a la obra y el pasado 27 de enero expuso en el congreso un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social. Las medidas anunciadas no han sido del agrado de la banca y a la vez han creado cierta suspicacia en la ciudadanía, que no cree que se logren poner en marcha las proposiciones del ministro pero sí consigan contener las constantes protestas y el malestar de la sociedad española, ante las politicas sociales adoptadas por el gobierno del PP.
De Guindos propone un Código de Buenas Prácticas en el que las entidades financieras podrán adherirse de manera voluntaria, este código pretende que el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas, o que se reduzca el capital pendiente en la misma proporción. Para incentivar a las entidades a que se acojan a este código, éstas podran deducir sus cargas fiscales, incluyendo las perdidas que les han ocasionado. Además, el nombre de la entidad que opte a este código, será publicado para que así obtengan un impacto positivo en su reputación.
Las entidades que asuman el código de buenas prácticas aceptaran la dación en pago como medio para poder liberar de la deuda a los propietarios con problemas de solvencia, siempre que la familia se encuentre dentro de un marco de riesgo de exclusión social. Incluye un periodo de dos años de carencia para el desalojo de la vivienda, porrogables en situaciones especiales, en las que el deudor renegociaría un pago de cuotas con la entidad bancaria, a modo de alquiler.
Recetas que a Manuela López y su familia le llegan con retraso, pero que alumbran un escenario mucho más optimista para las miles de familias en España afectadas por la imposibilidad de hacer frente a los pagos de su hipoteca.
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